El Gobierno de Honduras publicó este miércoles en el Diario Oficial La Gaceta un decreto que busca fortalecer la seguridad jurídica de los empleados públicos, especialmente aquellos que podrían perder su cargo ante un eventual cambio de administración tras las elecciones generales.
La nueva disposición establece el reconocimiento de la antigüedad laboral para el personal activo que haya trabajado inicialmente bajo la modalidad de contrato y que posteriormente haya sido nombrado en la misma institución estatal, siempre que no haya existido interrupción entre ambos periodos.
Este reconocimiento aplica independientemente del cargo ocupado, ya sea el mismo u otro distinto, siempre que se haya mantenido la continuidad laboral.
Según el decreto, la antigüedad reconocida tendrá efectos únicamente en el cálculo de cesantías y vacaciones, y será válida exclusivamente para empleados de instituciones que anteriormente gestionaban su recurso humano fuera del régimen de servicio civil, pero que luego realizaron su transición hacia dicho régimen.
No obstante, el beneficio no será aplicable a quienes ya hayan recibido liquidación por el tiempo trabajado bajo contrato antes de ser nombrados de forma permanente. En estos casos, la antigüedad previa no podrá ser contabilizada nuevamente.
Con esta medida, el Ejecutivo busca reconocer formalmente el tiempo total de servicio de miles de trabajadores del sector público que han laborado de manera continua bajo distintas modalidades, pero que hasta ahora no contaban con respaldo legal sobre su antigüedad.
Diversos analistas interpretan el decreto como una acción preventiva ante un posible cambio de gobierno, orientada a proteger los derechos laborales del personal contratado durante la actual administración. Sin embargo, algunos sectores advierten que la medida podría implicar una carga económica adicional para el Estado, especialmente si se reconocen prestaciones acumuladas de forma retroactiva.
El decreto entró en vigencia tras su publicación en La Gaceta, y su implementación deberá realizarse en coordinación con la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, a fin de garantizar que el proceso se lleve a cabo conforme a la ley.