El caso del desfalco en la Alcaldía de San Pedro Sula dio un nuevo giro judicial este lunes, cuando la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) logró que un juez dictara auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra 10 personas señaladas de haber participado en el desvío de 45.5 millones de lempiras a través de 33 contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L.
Los imputados enfrentan acusaciones por delitos como fraude continuado, violación de los deberes de los funcionarios, lavado de activos y tráfico de influencias.
Entre los procesados figuran Luis Fernando Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega, representante legal de HERCOD, además de Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcos Jonathan Morales Corea, ligados a empresas que sirvieron de fachada para simular competencia en las licitaciones.
La lista también incluye a funcionarios y exfuncionarios municipales: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica, Marlen Karina Mena Gómez (exgerente financiero), Xavier Lacayo Delgadillo (tesorero municipal) y Walter Manuel Cartagena Villagra (exdirector del Departamento de Vías).
Contratos inflados y empresas de fachada
De acuerdo con la investigación, las compañías coludidas participaron como “relleno” en los procesos de adjudicación, pese a carecer de personal, maquinaria o domicilios formales; algunas incluso estaban registradas en casas particulares, negocios de venta de pollos y edificios aún en construcción.
Uno de los hallazgos más graves señala que se alteró la extensión real de un tramo carretero: se firmó por 160 kilómetros de reparación, cuando en realidad apenas eran unos 35, entre La Puerta y El Merendón.
Además, se comprobó que HERCOD no tenía planillas de empleados en el IHSS, salvo a su representante legal.
Rastro del dinero
El testimonio de un testigo protegido reveló que desde las cuentas de HERCOD se pagaba la mensualidad de un vehículo usado por Steve Adolfo Fajardo Vargas, sobrino y yerno del alcalde municipal.
Asimismo, tras recibir los pagos de los contratos, Olga Estela Ávila Ortega transfirió los fondos a cuentas conjuntas con su esposo, Hernández Portillo, quien posteriormente movió más de 5.9 millones de lempiras hacia Josué David Fajardo Hernández. Este último entregaba el dinero en efectivo a Fajardo Vargas, encubriendo el origen ilícito de los recursos.
Los jueces consideraron suficientes estos elementos probatorios para mantener a los acusados bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.