En el marco de las labores estratégicas orientadas a combatir el delito de la extorsión, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) ha identificado una extensa red criminal que opera desde varios centros penales del país. De acuerdo con las investigaciones, privados de libertad pertenecientes a diferentes estructuras delictivas estarían coordinando y dirigiendo cobros extorsivos contra transportistas y pequeños emprendedores en distintas zonas del territorio nacional.

Las indagaciones revelan que estos criminales utilizan llamadas y mensajes enviados a través de plataformas de mensajería instantánea, principalmente WhatsApp, para intimidar a sus víctimas. Los casos se han registrado ya en al menos siete departamentos del país, abarcando desde la zona norte hasta el sur.

Ante este escenario, las autoridades de la Dipampco han instruido a los equipos de investigación a acelerar los procesos de rastreo de movimientos financieros, patrones de comunicación y vínculos operativos entre los reclusos y las células de sicariato encargadas de ejecutar los atentados y recolectar el dinero exigido.

Gracias a estas acciones, varias personas vinculadas a esta estructura ya han sido capturadas. Entre los casos más recientes destacan las detenciones efectuadas en el municipio de Santa Ana, al sur de la capital, donde dos individuos relacionados con la banda criminal “Los Illuminati” fueron requeridos por participar en atentados armados dirigidos contra transportistas.

Hasta la fecha, alrededor de 20 miembros de esta red criminal han sido arrestados en distintos departamentos del país. Todos mantienen conexión directa con los cabecillas que operan desde los centros penitenciarios.

Asimismo, autoridades policiales detallaron que esta organización ha incorporado métodos tecnológicos para recolectar importantes sumas de dinero provenientes de la extorsión. Entre estos mecanismos destacan el uso de billeteras electrónicas, transferencias digitales y múltiples cuentas bancarias enviadas a las víctimas mediante mensajes intimidatorios. Con ello buscan minimizar riesgos y dificultar el trabajo de los equipos de inteligencia.

Debido a esta modalidad, ha sido necesario establecer coordinación con diversas instituciones públicas y privadas del sistema financiero, con el objetivo de rastrear las transacciones ilícitas, asegurar fondos y bloquear cuentas vinculadas a la red extorsiva.