Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra actualmente en Honduras con el propósito de evaluar el avance del acuerdo stand-by suscrito con el Gobierno, en el marco de las facilidades crediticias actualmente vigentes. Esta visita coincide con la etapa final de la tercera revisión del programa económico acordado entre ambas partes.
Durante este proceso de revisión, el FMI ha introducido un cambio significativo en su postura: la Ley de Justicia Tributaria, promovida por el Poder Ejecutivo como una reforma clave, ya no figura como condición ni prioridad dentro del convenio. Según fuentes cercanas a la misión, el organismo multilateral ha retirado su apoyo explícito a dicha legislación, dejando claro que la continuidad del programa no depende de su aprobación.
En su comunicado oficial más reciente, emitido el 11 de junio de 2025, tras concluir la tercera revisión en el marco del acuerdo de Facilidad de Crédito Stand-By y Facilidad de Crédito Ampliada, el FMI reiteró la importancia de preservar la estabilidad macroeconómica, reforzar la disciplina fiscal y proteger a los sectores más vulnerables. No obstante, ahora el organismo internacional toma distancia de la cuestionada Ley de Justicia Tributaria, lo que supone un cambio de rumbo en las prioridades económicas acordadas con el Gobierno hondureño.
Esta modificación en la postura del FMI cambia el enfoque del debate político y económico en torno a la ley tributaria, que pierde el respaldo técnico del Fondo en un momento crucial para la política fiscal del país y su relación con los entes financieros internacionales.
El contexto inmediato de esta decisión proviene de la evaluación realizada en la tercera revisión de los acuerdos en el marco del Servicio Ampliado y el Servicio de Crédito Ampliado, concluida el 11 de junio. En esa ocasión, el FMI aprobó un nuevo desembolso de 160 millones de dólares (equivalente a 117.6 millones en DEG), elevando el monto total desembolsado para Honduras a 485 millones de dólares, como parte de un programa acordado en septiembre de 2023 por 850 millones de dólares.
Durante 2024, la economía hondureña registró un crecimiento del 3.6%, mientras que para 2025 se proyecta una expansión del 3.5%, con una inflación descendiendo hacia el objetivo del 4%. El déficit fiscal se ubicó en 1% del PIB en 2024, por debajo de lo previsto, y se estima que aumente moderadamente a 1.5% en 2025.
La determinación del FMI de excluir la Ley de Justicia Tributaria como una condición del acuerdo reconfigura el escenario económico y político del país. Aunque se ha garantizado un nuevo desembolso que contribuye a fortalecer las reservas internacionales y la estabilidad macroeconómica, la discusión sobre la reforma tributaria se queda sin el respaldo externo que el Gobierno utilizaba como argumento técnico.