Abogados del Instituto Nacional Penitenciario (INP), junto con jueces de ejecución y defensa pública, revisaron más de 1,000 expedientes de los reos del Centro Penitenciario Nacional de Támara, en el Distrito Central.
Bajo el proyecto denominado División Jurídica Penitenciaria, los más de 100 profesionales del derecho que participaron en esta jornada informaron a los reclusos cómo avanzan sus procesos judiciales y si pueden optar a beneficios penitenciarios como la libertad provisional y preliberación, cómputos de pena, entre otros.
Los privados de libertad que tuvieron acceso a la asesoría legal son los que están en calidad de procesados y sentenciados, quienes de acuerdo a las autoridades penitenciarias, se mostraron satisfechos con la explicación brindada por los togados.
El director del Centro Penal de Támara, Juan Carlos Osorto, manifestó que «este proceso fue acompañado por organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos, quienes dan esa certificación que el Estado y el sistema penitenciario necesita para que estos organismos sean veedores de que estas actividades se están realizando en beneficio de los privados de libertad».
Agregó que esta actividad permitió la actualización de los expedientes de los internos, acción que permite identificar los que ya tienen beneficio y los que están próximos a recibirlos.