El exjefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, afirmó que la gestión del Procurador General de la República (PGR) durante el período 2022–2026 debe evaluarse por sus resultados concretos y la defensa efectiva del interés nacional, más allá de las discusiones sobre la legalidad de su nombramiento.
Sarmiento recordó que al inicio de esta administración Honduras enfrentaba 18 demandas arbitrales internacionales por más de 17,800 millones de dólares, lo que representaba un riesgo significativo para la estabilidad fiscal y la deuda pública. Sin embargo, destacó que la Procuraduría asumió una defensa jurídica firme y técnicamente estructurada, logrando reducir el pasivo contingente en un 54%, situándolo en 8,361 millones de dólares.
Entre los logros más relevantes mencionó desistimientos completos de demandas infundadas, como el caso Palmerola, donde un tribunal arbitral internacional condenó a la empresa demandante a pagar costas al Estado hondureño. Asimismo, se evitaron contingencias superiores a 400 millones de dólares en el sector energético mediante soluciones estratégicas.
En relación con el caso Próspera, considerado una de las reclamaciones más elevadas en la historia del arbitraje internacional, Sarmiento subrayó que la defensa del Estado logró que las demandantes redujeran su reclamo en un 85%, manteniendo una estrategia orientada al rechazo total de la demanda.
El exjefe de bancada enfatizó que las críticas sobre la legalidad del nombramiento del PGR no invalidan los efectos jurídicos ni los resultados alcanzados, reconocidos incluso en instancias internacionales. Además, señaló que la revisión de tratados y mecanismos como el CIADI respondió a la necesidad de reglas más equilibradas, sin implicar rechazo a la inversión extranjera.
Finalmente, destacó que la Procuraduría deja una cartera de casos ordenada, estrategias de defensa definidas y equipos jurídicos de alto nivel, demostrando que es posible defender la soberanía jurídica, proteger los recursos públicos y reducir riesgos financieros del Estado con responsabilidad y rigor técnico.