El Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, reveló un caso de presunto uso indebido de recursos estatales que involucra al exprocurador Manuel Díaz Galeas.
Según Aspra, el exfuncionario habría destinado fondos públicos para financiar su defensa personal en una demanda interpuesta en Estados Unidos, comprometiendo las arcas de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con la denuncia, el 26 de enero, cuando aún ejercía el cargo, Díaz Galeas firmó un contrato con un bufete estadounidense por un valor de 310 mil dólares, pagados de manera anticipada con dinero de la institución. El objetivo era que el despacho legal presentara una moción para desestimar una demanda civil promovida por un ciudadano norteamericano o, en su defecto, trasladar el caso a Washington.
Aspra subrayó que la demanda no estaba dirigida contra el Estado hondureño, sino contra funcionarios a título personal, entre ellos el propio exprocurador, el fiscal general y otros miembros del gabinete del gobierno anterior de la expresidenta Xiomara Castro. “Estamos ante un caso de total abuso. Sacaron dinero del Estado para pagar abogados que defendieran una causa estrictamente personal”, afirmó.
El procurador advirtió que la situación es aún más delicada porque el Ministerio Público no puede conocer el caso, dado que el fiscal general figura como parte demandada y habría sido beneficiado con la defensa financiada con recursos públicos. “Este Ministerio Público no va a actuar en ese caso. Tenemos que valorar a qué otra entidad presentar la denuncia para deducir responsabilidades”, señaló.
Aspra también alertó sobre posibles irregularidades en los honorarios pactados, al considerar que el monto pagado resulta desproporcionado para las gestiones realizadas. “Preliminarmente se percibe que los valores están inflados. Estamos verificando en Estados Unidos cuánto cobran realmente los abogados por este tipo de acciones”, indicó.
Finalmente, no descartó solicitar apoyo de agencias estadounidenses para rastrear la ruta del dinero y determinar si existen irregularidades adicionales. “Estamos evaluando que una agencia de Estados Unidos se involucre para ayudarnos a seguir el flujo de los fondos”, concluyó.
El caso ya es considerado uno de los más graves señalamientos de abuso de recursos públicos en el pasado gobierno.