El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, se reunió con la comisión de dictamen que preside el diputado Mario Pérez, para explicar los alcances del decreto solicitado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, orientado a impulsar la reactivación económica y fortalecer la eficiencia del Estado.
Durante el encuentro, Hércules detalló a los diputados el contenido de la propuesta, aclarando que no se trata de una medida extraordinaria, sino de un conjunto de acciones para reorganizar la administración pública y proteger las finanzas nacionales.
El funcionario fue enfático al señalar que el decreto no implica la declaratoria de emergencia nacional ni financiera.
“El decreto en sí no requiere que sea una emergencia nacional, no lo va a hacer una emergencia en vista de que no hay emergencia fiscal”, afirmó.
Asimismo, reiteró: “No hay emergencia fiscal, no se va a decretar una emergencia fiscal”.
Explicó que las medidas buscan facilitar el cumplimiento de las responsabilidades del actual Gobierno sin recurrir a mecanismos excepcionales.
REESTRUCTURACIÓN
Uno de los principales ejes del decreto es la reestructuración del Estado mediante la fusión y eliminación de instituciones.
Hércules explicó que se proyecta “una reducción en el Gobierno, provocando una disminución en el aparato estatal de 113 instituciones a aproximadamente unas 75 o 78”.
Indicó que esta decisión responde a la existencia de duplicidad de funciones, exceso de personal y crecimiento sostenido del gasto en planillas.
“Hemos encontrado instituciones que no están cumpliendo con la función para la cual fueron creadas, duplicidad en los puestos y una sobrecarga en los renglones presupuestarios”, sostuvo.
El ministro también abordó la situación de la Caja Única del Tesoro, afectada por múltiples embargos judiciales.
“En un período normal de cinco años hubo embargos por aproximadamente 10,000 millones de lempiras, sin embargo, en los primeros 10 días del gobierno hubo embargos superiores a los 3,000 millones”, señaló.
Ante este panorama, explicó que el decreto busca fortalecer la coordinación entre el Poder Judicial y la Tesorería General para proteger los recursos públicos.
DEMANDAS LABORALES
Otro componente clave de la iniciativa es la atención a las demandas laborales acumuladas contra el Estado.
“Se busca poder conciliar todas las demandas laborales y llevar a cabo una conciliación favorable que beneficie a la persona y también al Estado”, manifestó.
Según indicó, esta estrategia permitirá reducir la presión financiera y resolver conflictos de manera más ágil.