El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) cuestionó la reforma que aprobó el Congreso Nacional de Honduras al artículo 3 transitorio del Decreto Legislativo 282-2010 y advirtió que el cambio afecta directamente la organización del Poder Judicial y el régimen de atribuciones establecido en la Constitución.
El CNA señaló que, aunque el artículo tiene carácter transitorio, reguló de forma provisional el ejercicio de competencias administrativas mientras se instalaba el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, como parte del rediseño constitucional aprobado en 2010 y ratificado en 2011.
Por ello, sostuvo que la modificación incide en la arquitectura constitucional del sistema judicial hondureño y no constituye un simple ajuste operativo.
La organización criticó que el Congreso tramitara la reforma como si se tratara de una ley secundaria y no mediante el procedimiento rígido de reforma constitucional, que exige ratificación en la siguiente legislatura.
A su juicio, el cambio impacta la distribución constitucional de competencias, un ámbito que demanda máxima prudencia institucional.