Uno de los golpes más fuertes contra bandas de extorsionadoras fue asestado ayer por la Policía con la captura de siete mujeres de la banda “Los Chirizos”, acusadas de amasar millones de lempiras a través de billeteras electrónicas en ocho departamentos de Honduras.
La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) ejecutó una operación de alto impacto denominada “Rastreo Electrónico”, orientada a debilitar y desarticular las finanzas de una estructura criminal dedicada a la extorsión sistemática en distintas regiones del país.
Según el portavoz policial, Mario Fu, se realizaron nueve allanamientos simultáneos: dos en el departamento de Yoro y siete en Francisco Morazán, con el propósito de realizar inspecciones exhaustivas en bienes inmuebles presuntamente vinculados a esta red delictiva.
La organización afectaba principalmente a emprendedores, pequeños y medianos comerciantes, así como a operarios del sector transporte, quienes durante meses fueron sometidos a amenazas y presiones económicas constantes para obligarlos a realizar pagos periódicos.
Durante la operación se logró la captura de siete mujeres señaladas como integrantes clave de la red criminal, quienes desempeñaban un rol fundamental en la logística financiera de la estructura.
Según las indagaciones, estas personas abrían cuentas bancarias y habilitaban billeteras electrónicas que posteriormente eran utilizadas para recibir y movilizar los fondos producto de las extorsiones, facilitando así el flujo de dinero ilícito y dificultando su rastreo inmediato.
Las diligencias investigativas revelan que los miembros de la estructura utilizaban estos instrumentos financieros para movilizar grandes sumas de dinero, ocultar el origen ilícito de los fondos y evadir controles establecidos por el sistema financiero nacional. Se estima que la red habría recaudado varios millones de lempiras producto de los cobros ilegales.
Aunque el cabecilla principal de la organización ya se encuentra privado de libertad, la operación contempla la ejecución de nuevas órdenes de captura contra otros miembros activos. Asimismo, los allanamientos permitieron la recolección de indicios documentales, tecnológicos y financieros que fortalecerán el expediente investigativo y ampliarán las responsabilidades penales de los implicados.