El Congreso Nacional aprobó, en su tercer y último debate, un decreto que autoriza al Instituto de la Propiedad (IP) a realizar la compra directa de aproximadamente dos millones de placas metálicas para vehículos.
La normativa establece que las empresas seleccionadas deberán asegurar el abastecimiento constante de estas placas, con el fin de solucionar la escasez que, durante más de cuatro años, ha obligado a miles de conductores a utilizar placas provisionales de papel para poder circular e identificarse.
Durante la discusión, se argumentó que esta medida permitirá al IP agilizar la adjudicación de contratos para la fabricación de las placas, considerando la situación como un tema de seguridad nacional.
La diputada proponente, Gerlen Bonilla, explicó que la iniciativa surge ante las constantes sanciones, inconvenientes y problemas legales que enfrentan los conductores por no portar placas metálicas, pese a haber cumplido con sus obligaciones de matrícula.
Asimismo, se destacó que, una vez se implemente la entrega de las nuevas placas, los propietarios de vehículos dejarán de enfrentar multas injustificadas y dificultades legales derivadas de una falla institucional.
En ese sentido, la congresista subrayó que esta acción permitirá atender una problemática que se ha prolongado por años, afectando tanto la economía como la seguridad jurídica de la población, por lo que el Estado tiene la responsabilidad de brindar una solución efectiva.
Por su parte, la diputada Merary Díaz señaló que la implementación de placas metálicas también tendrá un impacto positivo en la seguridad pública, ya que facilitará la identificación de los vehículos y su integración con sistemas de vigilancia, como el 911, fortaleciendo así las acciones contra la delincuencia.
El decreto también autoriza al Poder Ejecutivo, a través del IP, a realizar contrataciones directas sin intermediarios para la adquisición de placas de todo tipo, así como la instalación de tecnología complementaria, incluyendo lectores de placas, arcos de control vehicular en carreteras, comunidades, aduanas y puntos fronterizos.
Además, se contempla la compra de servidores, sistemas informáticos, enlaces de comunicación y licencias necesarias para reducir el atraso acumulado en la entrega de placas, el cual supera las 800 mil unidades en los últimos tres años.