La comisión especial del Congreso Nacional de Honduras que analiza el juicio político contra el fiscal suspendido Johel Antonio Zelaya Álvarez avanzó en la etapa de declaraciones, donde varios testigos expusieron presuntas irregularidades ocurridas durante su administración.
Entre los comparecientes, Raúl Amílcar Rivera Montoya relató que fue señalado públicamente sin haber pasado por un proceso judicial previo, lo que —según indicó— afectó su reputación y le generó consecuencias tanto laborales como personales.
El testigo sostuvo que su trabajo dentro del Consejo Nacional Electoral se limitaba a funciones técnicas, rechazando cualquier responsabilidad en fallas relacionadas con la logística electoral. Además, cuestionó que se le atribuyeran responsabilidades que no correspondían a su cargo.
Otro de los testimonios fue el de Dennis Emilio Hércules Rosa, quien denunció haber sido objeto de un proceso que, a su juicio, careció de garantías legales. Según afirmó, las acusaciones en su contra no contaban con sustento suficiente y respondían a una aplicación selectiva de la justicia.
Hércules señaló que las investigaciones se enfocaron únicamente en determinados exfuncionarios, dejando fuera a otros actores que también habrían tenido participación en los hechos relacionados con las elecciones primarias de 2025.
Estas declaraciones forman parte de la fase de recopilación de pruebas y testimonios dentro del proceso, en la que la comisión deberá valorar los señalamientos antes de emitir un informe final al pleno del Congreso.
El desarrollo de esta etapa mantiene la atención pública, debido a las implicaciones políticas y legales que podría tener el resultado del juicio político.