El Congreso Nacional de Honduras aprobó la noche del jueves 9 de abril de 2026 la admisión de un juicio político contra varios funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en una sesión que estuvo marcada por tensiones, protestas y decisiones polémicas.
Con un total de 91 votos a favor, el Legislativo dio luz verde al proceso contra Marlon Ochoa, Mario Morazán, Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta. Durante la jornada, la consejera suplente Karen Patricia Rodríguez presentó su renuncia, la cual fue aceptada por mayoría.
La aprobación no contó con el respaldo de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), ni de algunos diputados independientes, quienes votaron en contra del procedimiento.
En medio de la sesión, legisladores de Libre manifestaron su rechazo mediante protestas dentro del hemiciclo, utilizando pitos y consignas. Ante esta situación, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, ordenó identificar a los participantes para aplicar posibles sanciones administrativas.
Con la admisión del juicio político, los funcionarios señalados quedan suspendidos de sus cargos mientras avanza el proceso, el cual incluirá audiencias para su defensa.
Para dar seguimiento al caso, se conformó una comisión especial integrada por varios diputados, quienes serán los encargados de analizar las acusaciones y presentar un informe final.
Las denuncias se basan en señalamientos de irregularidades en procesos electorales, respaldados por informes de observación y acciones legales promovidas por distintos sectores.
Por su parte, representantes de Libre calificaron la decisión como un golpe a la institucionalidad, argumentando que los funcionarios señalados no cometieron delitos, sino que actuaron conforme a sus funciones.