Las autoridades hondureñas han intensificado su lucha contra la extorsión mediante la creación de una Mesa Técnica Interinstitucional, enfocada en implementar estrategias integrales para frenar este delito que afecta principalmente al transporte público y a pequeños negocios.
Estas estructuras criminales operan utilizando sistemas ilegales de comunicación para coordinar cobros y amenazas. Ante ello, la Policía Nacional, a través de la Dipampco y en conjunto con el Instituto Nacional Penitenciario (INP), ha reforzado las labores de inteligencia, seguimiento y desarticulación de estas redes.
Como resultado de estas acciones, se ha logrado la captura de más de 40 personas vinculadas a dichas organizaciones, quienes cumplían funciones logísticas y participaban en actividades violentas relacionadas con la extorsión.
De manera paralela, se han endurecido los controles en los centros penales, incluyendo el traslado de reclusos a módulos de máxima seguridad, donde se aplican estrictas medidas de aislamiento y vigilancia para impedir que continúen operando desde prisión.
Además, se trabaja en la depuración del sistema penitenciario para detectar actos de corrupción, especialmente aquellos relacionados con el ingreso ilegal de teléfonos y otros dispositivos de comunicación.
En el ámbito judicial, también se promueve la apertura de nuevos procesos contra privados de libertad que siguen delinquiendo, con el objetivo de aumentar sus condenas y reducir la impunidad.
Las autoridades, en coordinación con Conatel, buscan fortalecer el bloqueo de señal en las cárceles, ya que se ha detectado el uso de tecnología avanzada, incluso conexiones satelitales, para mantener actividades ilícitas.
Con estas acciones, el gobierno pretende reducir el impacto de la extorsión, mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer el control dentro del sistema penitenciario del país.