El sistema penitenciario hondureño inicia una nueva fase con la designación del general retirado Walter Amador al frente del Instituto Nacional Penitenciario (INP), tras concluir el período de la comisión interventora que administraba de forma temporal esta institución.
Según explicó el funcionario, la transición responde al cumplimiento del tiempo establecido para la junta anterior, dando paso nuevamente a la estructura de dirección nacional como eje principal del sistema.
Desde el 1 de mayo, Amador asume con el reto inmediato de mantener la estabilidad en los centros penales, apoyándose en el respaldo de las Fuerzas Armadas, cuya participación ha sido determinante en el control logrado en los últimos meses.
El nuevo titular también adelantó que se revisará el plan estratégico 2026-2030, con el propósito de fortalecer la gestión institucional, optimizar los mecanismos de control y modernizar el funcionamiento del sistema penitenciario.
No obstante, el panorama sigue siendo complejo. Actualmente, el país cuenta con 21 cárceles que albergan aproximadamente a 19 mil privados de libertad, muchos de ellos en condiciones de hacinamiento, lo que representa uno de los principales desafíos estructurales.
Entre las problemáticas más críticas destaca la extorsión que se origina desde los mismos centros penales. De acuerdo con Amador, la gran mayoría de estos delitos se ejecuta utilizando teléfonos celulares dentro de las cárceles.
Ante esta situación, enfatizó la necesidad urgente de implementar herramientas tecnológicas que permitan bloquear las comunicaciones ilícitas y desarticular las redes criminales que operan desde el interior de los recintos, afectando a la población en todo el país.
Las autoridades buscan así enfrentar de manera directa este fenómeno delictivo, apostando por una combinación de control, tecnología y estrategias integrales que permitan reducir el impacto de la extorsión a nivel nacional.