Una situación de alto impacto diplomático y político ha generado controversia en la región, luego de que se confirmara que Marco Livio Díaz, actual embajador de Guatemala acreditado en Honduras, cuenta con una orden de captura vigente emitida por la Fiscalía Especializada en Lavado de Dinero del Ministerio Público guatemalteco.
De acuerdo con las investigaciones, el diplomático estaría siendo señalado por los presuntos delitos de lavado de dinero y peculado por sustracción, vinculados a convenios realizados durante su administración al frente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El caso ha provocado repercusiones tanto en el ámbito político como en el diplomático de ambos países, debido a la trayectoria pública de Díaz, quien ocupó el cargo de jefe de la SAT desde el 14 de abril de 2020, destacándose en su momento por alcanzar importantes niveles de recaudación tributaria.
Durante su gestión, adquirió notoriedad tras la revelación de la estructura denominada “red B410”, una presunta red integrada por más de 400 empresas señaladas por defraudar al fisco guatemalteco por más de 300 millones de quetzales.
Sin embargo, meses después de ese señalamiento, el Ministerio Público abrió nuevas líneas de investigación en su contra por presuntos delitos de extorsión y tráfico de influencias, incluyendo allanamientos a una firma auditora relacionada con su entorno familiar.
Tras su salida de la SAT y una etapa de ausencia pública, Díaz reapareció en la esfera internacional como representante diplomático. Posteriormente, el 21 de octubre de 2025 presentó sus Cartas Credenciales ante la entonces presidenta de Honduras, Xiomara Castro, oficializando su nombramiento como embajador de Guatemala en el país.
Las autoridades guatemaltecas continúan con el proceso judicial mientras el caso sigue generando atención en el ámbito regional.