El empresario norteamericano Murray Paul Farmer continuará enfrentando el proceso judicial en Honduras bajo medidas distintas al arresto domiciliario, luego de que un juez decidiera revocar la restricción que cumplía desde hace aproximadamente dos meses.
La información fue confirmada por el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, quien explicó que la nueva resolución establece prohibición de salida del país, además de la obligación de firmar periódicamente en el sistema biométrico de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, Farmer deberá presentar una fianza de 100 mil dólares y permanecerá bajo supervisión de su equipo legal, que tendrá que rendir informes quincenales ante las autoridades judiciales.
El empresario es investigado por un supuesto fraude contra el Estado hondureño relacionado con un presunto laudo arbitral ilegal que, según la acusación, habría comprometido al país al pago de más de 3 mil millones de lempiras.
Las autoridades hondureñas vinculan el caso con contratos y proyectos de infraestructura ejecutados años atrás.
Farmer, quien fue detenido el pasado 17 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, ha rechazado las acusaciones desde el inicio del proceso y sostiene que es inocente.
El estadounidense asegura que la disputa surge por 21 proyectos de agua potable y alcantarillado desarrollados en diferentes regiones de Honduras, obras que —según afirma— beneficiaron a más de 300 mil personas y por las cuales no habría recibido ningún pago.
Además, el empresario manifestó que su captura representa una represalia derivada de conflictos financieros con el Estado hondureño.
Durante el gobierno de Xiomara Castro, Farmer también mantuvo diferencias públicas con la exministra de Finanzas y excandidata presidencial Rixi Moncada, en medio de la controversia relacionada con los proyectos de infraestructura.