El presidente de Honduras, Nasry Asfura, solicitó este martes al Gobierno de Estados Unidos apoyo para atender la situación de miles de migrantes hondureños que podrían verse afectados por la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS).

La petición fue realizada mediante una carta dirigida al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que el mandatario destacó la relación de amistad, cooperación y confianza entre ambos países, así como el interés compartido de promover la seguridad, la estabilidad, el crecimiento económico y una migración regular, segura y ordenada en la región.

Gobierno busca una solución diplomática

El pasado 25 de junio, el Gobierno hondureño anunció el inicio de una ofensiva diplomática de alto nivel tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que respaldó la posibilidad de revocar el TPS en casos relacionados con otros países, una decisión que, según las autoridades hondureñas, genera preocupación por su posible impacto sobre miles de familias.

En la carta, Asfura señaló que, aunque el fallo no resuelve directamente la situación de Honduras, sí crea un nuevo escenario jurídico que hace necesaria una mayor coordinación bilateral.

Asimismo, reiteró que Honduras reconoce el carácter temporal del TPS y respeta las decisiones soberanas de las instituciones estadounidenses, pero considera fundamental continuar impulsando, por la vía diplomática y administrativa, las alternativas legales disponibles para proteger a las familias hondureñas y garantizar una transición ordenada, previsible y humanitaria.

Preocupación por el impacto en miles de familias

El mandatario recordó que decenas de miles de hondureños han vivido y trabajado durante más de dos décadas en Estados Unidos, contribuyendo a su economía, estableciendo negocios, adquiriendo viviendas y formando familias, muchas de ellas con hijos ciudadanos estadounidenses.

Asfura advirtió que una terminación abrupta del beneficio podría provocar separación familiar, pérdida de empleos e ingresos, interrupción de los estudios de menores, afectaciones patrimoniales y dificultades para las autoridades de ambos países durante el proceso de transición.