Tegucigalpa. La Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso de apelación contra la resolución judicial que otorgó sobreseimiento definitivo al expresidente Juan Orlando Hernández, conocido como JOH, dentro del caso denominado Pandora II.
La institución estatal busca que la Corte de Apelaciones revoque la decisión emitida la semana anterior y ordene continuar el proceso penal contra Hernández por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos.
Según la PGR, existen elementos suficientes para acreditar una participación inicial del exmandatario en el supuesto desvío de recursos públicos. La investigación se centra en el manejo de aproximadamente 288 millones de lempiras destinados originalmente a proyectos sociales mediante convenios entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y las fundaciones DIBATTISTA y Todos Somos Honduras.
De acuerdo con las investigaciones financieras citadas por la Procuraduría, al menos 62 millones de lempiras habrían sido utilizados de manera irregular para financiar actividades relacionadas con la campaña política del exgobernante.
Uno de los principales cuestionamientos de la PGR está dirigido contra la valoración de la prueba realizada por el juez que conoció el expediente. La institución sostiene que fueron excluidos 22 de los 38 medios de prueba documentales presentados por la acusación, además de la totalidad de la prueba evidencial.
La Procuraduría considera que esta exclusión terminó influyendo en la conclusión judicial sobre una supuesta falta de elementos probatorios. También cuestionó que parte de la documentación financiera fuera descartada debido a que recibos y facturas no aparecían directamente a nombre del expresidente.
La PGR sostiene que la valoración de los documentos debe realizarse tomando en cuenta el conjunto de las operaciones investigadas y no únicamente la titularidad que aparece en cada comprobante.
En su recurso, la institución también hizo referencia a la situación procesal de Luis Fernando Suárez, señalado como administrador de las fundaciones involucradas y considerado una pieza importante dentro de la investigación. Suárez se había declarado culpable y proporcionado información sobre las operaciones financieras bajo investigación.
Ahora será la Corte de Apelaciones designada la que deberá analizar los argumentos presentados por la PGR y determinar si mantiene el sobreseimiento definitivo de Hernández o si ordena que el proceso continúe.