Una jueza federal estableció nuevas restricciones para los agentes de inmigración que realizan arrestos en el área metropolitana de Los Ángeles, al determinar que no podrán detener a una persona sin una orden judicial, salvo que exista previamente una evaluación individual que indique un riesgo de fuga antes de obtener dicha orden.
La medida fue emitida por la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Tribunal de Distrito para el Centro de California, mediante una orden cautelar que establece condiciones para este tipo de detenciones.
Certifican demanda colectiva
La jueza también certificó una demanda colectiva que busca representar a las personas que, desde el 6 de junio de 2025, hayan sido o sean arrestadas por presuntas infracciones migratorias sin una orden judicial y sin una evaluación individualizada sobre el riesgo de fuga.
El proceso cuestiona las prácticas utilizadas por agentes federales en determinadas operaciones migratorias y busca establecer límites sobre las circunstancias en las que pueden efectuarse arrestos sin autorización judicial.
Organizaciones migratorias reaccionan
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California celebró la decisión. La abogada Mayra Joachin afirmó que la resolución representa un avance para las comunidades afectadas y sostuvo que debería reducir los arrestos que, según la organización, se realizan de manera ilegal.
La organización también señaló que dará seguimiento al cumplimiento de la orden y espera que las autoridades federales acaten las disposiciones establecidas por el tribunal.
La demanda, presentada en junio de 2025, acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de realizar detenciones que, según los demandantes, vulneran los derechos de miembros de determinadas comunidades y se basan, entre otros factores denunciados, en características como el color de piel.