La Ley de Justicia Energética ya fue publicada en el diario oficial La Gaceta, dando paso a una serie de modificaciones en la estructura y funcionamiento del sistema eléctrico hondureño.
Uno de los cambios inmediatos establece una prohibición temporal para incrementar las tarifas que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) cobra a los usuarios. Esta medida tendrá una vigencia inicial de seis meses, con la posibilidad de ampliarse por un período adicional de seis meses.
La normativa también contempla reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica con el propósito de reorganizar el sector, promover nuevas inversiones y fortalecer las condiciones para garantizar el suministro de energía.
ENEE tendrá una nueva estructura
Entre las principales modificaciones se encuentra la separación de las actividades de la ENEE en tres empresas subsidiarias especializadas en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
La ENEE continuará funcionando como empresa matriz y el Estado mantendrá la propiedad de las nuevas sociedades.
La legislación también amplía las funciones de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y establece al Operador del Sistema y del Mercado (OSM) como una entidad independiente dentro del sector.
Impulso a las energías renovables
La nueva legislación incorpora mecanismos para facilitar el autoconsumo de energía proveniente de fuentes renovables, permitiendo que los usuarios puedan generar parte de la electricidad que utilizan.
Además, se contempla la incorporación de Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAE) y otras medidas destinadas a fomentar la competencia dentro del mercado eléctrico.
Protección de bienes estratégicos
La ley también establece disposiciones para proteger activos considerados importantes para la operación de la ENEE, además de contemplar beneficios fiscales para las nuevas empresas subsidiarias.
Entre los bienes protegidos se encuentran determinados activos estratégicos vinculados a la generación hidroeléctrica.
Con estas disposiciones, Honduras inicia un proceso de transformación de su sistema eléctrico, mientras los consumidores cuentan temporalmente con una medida que limita los incrementos de la tarifa durante los primeros seis meses de aplicación de la ley.