El Congreso Nacional aprobó un decreto que permitirá trasladar a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) los recursos financieros provenientes de bienes incautados que permanecen bajo administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). La medida busca facilitar que estos fondos sean utilizados para reforzar las instituciones encargadas de combatir la delincuencia.
La iniciativa fue remitida por el Poder Ejecutivo mediante el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, a través del oficio C123-2026, fechado el 28 de septiembre de 2026. La propuesta recibió el respaldo de los diputados y fue aprobada sin necesidad de desarrollar un debate, luego de que la vicepresidenta del Legislativo y diputada nacionalista por Ocotepeque, Tania Pinto, solicitara la dispensa correspondiente.
Esta disposición complementa las recientes reformas a la Ley de Privación de Dominio, que contemplan destinar recursos y otros bienes decomisados a organizaciones criminales para fortalecer el trabajo de las instituciones de seguridad y justicia.
Pinto explicó que el nuevo mecanismo permitirá agilizar la disponibilidad de los fondos que actualmente están bajo responsabilidad de la OABI y facilitar su distribución entre las entidades beneficiarias. Entre ellas figuran las secretarías de Defensa y Seguridad, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la OABI, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (NII) y la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANC).
Instituciones podrán recurrir a contratación directa
La parlamentaria también señaló que las instituciones que reciban estos recursos tendrán la posibilidad de utilizar el procedimiento de contratación directa para adquirir bienes y contratar obras o servicios.
Según explicó, esta alternativa busca reducir los tiempos de los procesos de compra y permitir que los organismos encargados de investigar y combatir el delito cuenten con los recursos necesarios para desarrollar sus funciones.
La diputada sostuvo que las recientes decisiones legislativas en materia de seguridad deben ir acompañadas del fortalecimiento de las instituciones responsables de aplicar las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, especialmente el Ministerio Público, el Poder Judicial y los organismos de investigación.
Entre las disposiciones aprobadas recientemente se encuentra la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, además de otras reformas orientadas a endurecer las sanciones por extorsión y declarar a determinados grupos delictivos como asociaciones terroristas.
En conjunto, estas modificaciones contemplan penas más severas, cambios en el régimen penitenciario y restricciones a determinados beneficios procesales, con el propósito de enfrentar las estructuras del crimen organizado.
A solicitud de Tania Pinto, se incorporó un artículo que permite a las instituciones beneficiarias utilizar un procedimiento sustitutivo de contratación para realizar adquisiciones y contratar obras y servicios. Sin embargo, deberán asumir las obligaciones y responsabilidades establecidas en las normas de rendición de cuentas.
¿Qué contempla el decreto?
Uno de los puntos centrales de la normativa establece que el traslado de los recursos deberá realizarse de manera inmediata e íntegra hacia la Cuenta Única del Tesoro.
La disposición incluye el dinero en efectivo y otros productos financieros, como depósitos bancarios, títulos valores, rendimientos, intereses e instrumentos de inversión o sus equivalentes en efectivo que estén colocados, depositados o administrados en el sistema financiero nacional bajo custodia de la OABI.