El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, anunció que las autoridades realizarán investigaciones más exhaustivas a personas sospechosas de pertenecer a estructuras criminales que intenten ocultar sus tatuajes mediante nuevos diseños, con el propósito de establecer si mantienen vínculos con estas organizaciones.
El funcionario explicó que los tatuajes asociados a la Pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el denominado Cártel del Diablo pueden servir como indicios durante los procesos de investigación. No obstante, aclaró que portar tatuajes sin relación con grupos delictivos no constituye, por sí solo, una causa para detener a una persona.
Velásquez indicó que los peritos y analistas han identificado casos en los que presuntos pandilleros colocan nuevos tatuajes sobre los diseños que anteriormente utilizaban para identificar su pertenencia a estas estructuras. Ante estas situaciones, señaló que será necesario realizar análisis especializados para determinar si existe una vinculación criminal.
Habilitan 820 espacios en centros penitenciarios
En relación con las reformas legales que reconocen a las pandillas como asociaciones terroristas, el ministro detalló que su aplicación comenzó el 21 de septiembre de 2026, pese a que el Congreso Nacional había aprobado estas disposiciones en mayo del mismo año.
Explicó que antes de ejecutar las medidas fue necesario preparar el sistema penitenciario y acondicionar diferentes centros de reclusión para recibir a las personas capturadas por su presunta participación en organizaciones criminales.
Entre los establecimientos donde se realizaron adecuaciones mencionó los centros penales de Ilama, El Porvenir y Morocelí, donde se habilitaron módulos de máxima seguridad.
De acuerdo con Velásquez, actualmente se dispone de aproximadamente 820 nuevos espacios para mantener recluidas a personas vinculadas con estas estructuras delictivas.
Gobierno estudia construir otra cárcel de máxima seguridad
El titular de Seguridad también informó que se encuentra bajo análisis la posibilidad de construir un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad.
Esta iniciativa busca ampliar la capacidad del sistema carcelario y fortalecer la infraestructura necesaria para ejecutar las reformas penales y procesales dirigidas al combate de maras, pandillas y otras organizaciones criminales reconocidas como asociaciones terroristas.