La Comisión Técnica Liquidadora trasladó al Ministerio Público (MP) varios informes que advierten posibles irregularidades en la administración de recursos destinados a brindar asistencia a hondureños retornados, luego de detectar cheques entregados a funcionarios para realizar pagos en efectivo sin contar con los respaldos documentales necesarios.
De acuerdo con la revisión realizada, se contabilizaron 115 cheques por un valor de 47.3 millones de lempiras, vinculados a proyectos desarrollados por la Red Solidaria y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dirigidos a personas que regresaron al país desde Estados Unidos.
Los documentos establecen que el programa contó con una inversión global de 104.4 millones de lempiras y estaba destinado a beneficiar a más de 40 mil personas. Sin embargo, la comisión encontró inconsistencias en distintas transacciones, principalmente por la falta de comprobantes individuales que permitan confirmar cómo fueron utilizados los recursos.
Parte del dinero fue transferido mediante Banadesa, mientras que otros fondos se entregaron a través de cheques a funcionarios encargados de distribuirlos posteriormente. En varios casos, no se localizaron documentos que demuestren que las ayudas llegaron efectivamente a sus beneficiarios.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
Entre las operaciones observadas figuran ocho cheques emitidos en enero de 2026, cuyo valor ronda los dos millones de lempiras y que también presentan documentación incompleta.
Ante estos hallazgos, la Comisión Técnica Liquidadora puso los expedientes en manos del Ministerio Público para que investigue los hechos y establezca si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Las diligencias buscan determinar si los recursos aprobados durante el gobierno de Xiomara Castro para atender a los migrantes retornados fueron utilizados de acuerdo con los objetivos de los programas sociales o si se produjeron irregularidades en su ejecución.