El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) calificó como una “gran noticia” y una “luz de esperanza” la decisión de una jueza federal en San Francisco que declaró ilegal la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio migratorio que ampara a miles de hondureños en Estados Unidos.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, explicó que el pasado 31 de diciembre se recibió una resolución judicial que devuelve la esperanza a miles de connacionales protegidos por el TPS. Ese día, la jueza federal Trina Thompson determinó que la decisión de la administración del expresidente Donald Trump de cancelar el beneficio fue ilegal.
Reyes detalló que el fallo permite restaurar la vigencia del TPS para alrededor de 60 mil beneficiarios de Honduras, Nicaragua y Nepal. En el caso hondureño, la medida favorece a unos 50 mil connacionales que desde 1999 se encuentran amparados en este estatus, otorgado tras los devastadores efectos del huracán Mitch, que golpeó principalmente a Honduras a finales de octubre de 1998.
La funcionaria recordó que el TPS otorga permiso de trabajo, número de seguro social y protección contra deportaciones, además de facilitar el acceso a licencias de conducir y otros servicios.
“Lo importante es que los hondureños amparados en el TPS ya pueden gozar de esa protección, tanto frente a la deportación como para trabajar legalmente”, subrayó.
No obstante, advirtió que la resolución no es definitiva, ya que el Gobierno de Estados Unidos podría apelar el fallo. Aun así, destacó que incluso las personas que actualmente se encuentran en centros de detención y que habían perdido la protección, pueden apelar y acogerse a esta decisión judicial.
Reyes enfatizó que se trata de una medida judicial y temporal, no de una decisión administrativa sujeta a relaciones diplomáticas. “Dependerá de la resolución final que adopte la jueza una vez concluido el proceso”, indicó.
Finalmente, consideró clave que el nuevo gobierno de Honduras realice gestiones para reforzar las relaciones bilaterales con Estados Unidos y explorar beneficios migratorios que brinden mayor estabilidad a los hondureños que residen en ese país.
El 31 de diciembre, se recibió una “gran noticia” y una “luz” que da esperanza a miles hondureños, que residen en Estados Unidos, amparados en el TPS. La jueza federal Trina Thompson dictaminó que la decisión de la administración Trump fue ilegal, lo que permite restaurar la vigencia del TPS a unos 60 mil beneficiarios de Honduras, Nicaragua y Nepal.
Explicó que la orden de la jueza Thompson beneficia a unos 50 mil hondureños que, desde 1999 se encuentran amparados en ese estatus de protección, que les fue otorgado luego de sufrir los estragos del huracán Mitch, ocurrido a finales de octubre de 1998 y que golpeó principalmente a Honduras.
Agregó que el Estatus de Protección proporciona un permiso de trabajo, seguro social y protección en contra de las deportaciones a las personas amparadas en ese alivio migratorio.
Lo importante es que los hondureños, amparados en el TPS, ya van a poder gozar de ese beneficio que los va a proteger contra una deportación, pero también para obtener permisos de trabajo, seguro médicos y obtener su licencia de conducir, expresó.
Incluso aquellos que están en centros de detención, en este momento, que ya no tenían esa protección temporal, pueden apelar y ampararse en esta resolución, agregó.
Explicó que la medida es una decisión judicial, no es una medida administrativa que dependa de las relaciones que puedan tener los Estados, sino que depende lo que va a determinar al final la juez en el momento que ya tenga una resolución definitiva del caso.
Obviamente, eso no quita que el nuevo gobierno de Honduras haga las gestiones necesarias para reforzar las relaciones bilaterales que se tiene con Estados Unidos y ver de qué manera se puedan obtener beneficios migratorios para todos los hondureños que están en ese país del Norte de América, manifestó.