El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso eliminar las elecciones en el país al afirmar que no volverán a celebrarse comicios que permitan a la oposición disputar el poder, una declaración que ha generado reacciones dentro y fuera de la comunidad internacional.
Durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega sostuvo que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones” para evitar que sectores opositores intenten llegar al Gobierno, consolidando así un modelo político que ha sido cuestionado por diversos organismos internacionales.
Ortega, de 80 años, regresó al poder en 2007 luego de una reforma electoral impulsada tras un acuerdo político que redujo al 35 % el porcentaje mínimo de votos necesarios para ganar la Presidencia en primera vuelta. En esos comicios obtuvo el 37.99 % de los votos.
Posteriormente, en 2009, magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declararon inaplicable el artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial consecutiva, decisión que permitió a Ortega postularse nuevamente en 2011 y mantenerse en el poder.
Desde entonces, el mandatario ha sido reelegido en procesos electorales que han sido objeto de cuestionamientos por parte de organismos internacionales y sectores de oposición, quienes han denunciado irregularidades, restricciones políticas y falta de garantías democráticas.
En 2016, Ortega volvió a participar como candidato presidencial acompañado por su esposa, Rosario Murillo, como candidata a la Vicepresidencia, en unas elecciones realizadas sin observación internacional independiente y tras la exclusión del principal bloque opositor.
Desde febrero de 2025, ambos ejercen la Presidencia de Nicaragua como copresidentes, luego de una reforma constitucional que amplió las facultades de Murillo y fortaleció el control del oficialismo sobre las instituciones del Estado.
Las recientes declaraciones del mandatario han reavivado el debate sobre el futuro del sistema democrático en Nicaragua y el papel de las instituciones electorales, en medio de cuestionamientos nacionales e internacionales sobre la concentración del poder y las garantías para la participación política.