La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reportó un incremento significativo en las aprehensiones de menores de edad señalados por presuntas infracciones penales en Honduras, una situación que vuelve a poner en discusión los desafíos de la seguridad ciudadana y la protección de la niñez.
Según los datos divulgados por la institución, durante 2025 se contabilizaron 174 adolescentes aprehendidos, mientras que en lo que va de 2026 la cifra asciende a 415. Esto representa 241 casos más, equivalente a un aumento aproximado del 138.5 % respecto al año anterior.
Investigan posible vinculación con maras y pandillas
Las autoridades atribuyen parte de este incremento al fortalecimiento de las labores investigativas, los allanamientos y las acciones de inteligencia dirigidas a combatir el reclutamiento de menores por parte de estructuras criminales como la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13).
De acuerdo con la información difundida, estas organizaciones presuntamente utilizan a adolescentes en actividades como el cobro de extorsiones, los homicidios por encargo y la distribución de drogas. Sin embargo, la responsabilidad de cada menor debe determinarse mediante los procedimientos legales correspondientes.
Procesos bajo el sistema especializado de justicia juvenil
La DPI indicó que las aprehensiones se realizan conforme al debido proceso establecido en la legislación hondureña, con las garantías correspondientes para los menores de edad y la participación de defensores públicos cuando procede.
Los adolescentes señalados por infracciones penales son sometidos a procesos especializados ante los órganos de justicia competentes, donde se determina su situación jurídica y las medidas que correspondan de acuerdo con cada caso.
El aumento de las cifras plantea desafíos para las instituciones encargadas de la seguridad, la justicia juvenil y la protección de la niñez, especialmente en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, así como en otras zonas del país.
Las autoridades mantienen las acciones investigativas orientadas a combatir las estructuras criminales, mientras especialistas y organizaciones vinculadas con los derechos de la niñez mantienen su atención en las causas de la delincuencia juvenil y las medidas necesarias para prevenir el reclutamiento de adolescentes.