El Instituto de la Justicia presentó su informe “Estado de País” del sector Educación, en el que expone las principales tendencias del sistema educativo hondureño y plantea una hoja de ruta para impulsar su transformación.
Según el análisis, Honduras enfrenta una emergencia educativa, con cifras que reflejan la magnitud del desafío para garantizar el derecho a la educación. El informe, que examina el período 2015-2025, señala que 1.1 millones de niños, niñas y jóvenes en edad escolar se encuentran fuera del sistema educativo, lo que equivale a cuatro de cada diez estudiantes potenciales.
Crisis de acceso y calidad educativa
El estudio advierte que la problemática no se limita al acceso a las aulas, sino que también existe una profunda pérdida de calidad en los aprendizajes. Mientras otros países de la región avanzan hacia la digitalización y la innovación educativa, el informe indica que un estudiante hondureño promedio que finaliza la secundaria posee un nivel de conocimientos equivalente al de un alumno de sexto grado en países con alto desempeño educativo.
De acuerdo con el análisis, esta brecha de aprendizaje de aproximadamente seis años reduce significativamente las oportunidades laborales de la juventud y aumenta el riesgo de migración forzada por falta de competencias competitivas.
Propuestas para una reforma estructural
Ante este panorama, el Instituto de la Justicia plantea una reforma estructural inmediata que permita transformar el sistema educativo. Entre las principales propuestas destaca la Ley de Financiamiento Educativo, una iniciativa que busca obligar al Estado a priorizar la inversión pedagógica sobre el gasto administrativo, con el objetivo de mejorar la calidad del aprendizaje.
Asimismo, el informe propone la creación de un Censo Docente Georreferenciado, que permita corregir los desbalances actuales en la distribución del personal docente en el país.
El análisis identificó una desconexión entre la oferta de maestros y la demanda estudiantil: en algunos centros urbanos existe un superávit de docentes frente a una matrícula en descenso, mientras que en zonas rurales continúan los desafíos para garantizar una cobertura adecuada. En estos casos, el estudio plantea optimizar la oferta mediante modelos de unidocencia o bidocencia con el apoyo técnico necesario para asegurar la calidad educativa.