El Gobierno de Finlandia analiza la posibilidad de alquilar plazas en prisiones de otros países como una alternativa para enfrentar la creciente sobrepoblación de sus centros penitenciarios.
La ministra de Justicia, Leena Meri, presentó un estudio sobre los requisitos legales que serían necesarios para implementar este mecanismo, tomando como referencia el acuerdo alcanzado por Suecia con Estonia en 2025 para trasladar reclusos a centros penitenciarios del país báltico.
Cárceles ya superan su capacidad
De acuerdo con las autoridades finlandesas, el sistema penitenciario dispone actualmente de unas 3,500 plazas, mientras que alrededor de 3,900 personas cumplen condena en las cárceles del país.
Meri explicó que la población penitenciaria ha aumentado de manera constante durante los últimos años y que el número de reclusos superó la capacidad disponible desde 2024.
Según los datos oficiales citados en el estudio, unos 950 internos son ciudadanos extranjeros, mientras que la cantidad de presos extranjeros se ha incrementado un 76 % durante la última década.
Analizan cambios legales
El estudio concluyó que el alquiler de espacios penitenciarios en el extranjero podría contribuir a reducir la presión sobre las cárceles finlandesas, aunque sería necesario realizar reformas legislativas para superar determinados obstáculos constitucionales.
La ministra señaló que también se busca contar con alternativas para responder rápidamente ante posibles situaciones de emergencia que requieran una mayor cantidad de plazas penitenciarias.
Entre los delitos más frecuentes por los que cumplen condena los reclusos extranjeros figuran el tráfico de drogas, los delitos sexuales y los homicidios, según las estadísticas oficiales citadas.
Aún no hay países seleccionados
Por ahora, el Gobierno finlandés no ha determinado a qué países podrían ser trasladados los reclusos y tampoco ha iniciado negociaciones formales con otros gobiernos.
Entre las principales nacionalidades de los presos extranjeros se encuentran ciudadanos de Estonia, Irak, Suecia, Lituania, Rumanía, Albania, Letonia, Gambia, Nigeria y Somalia.
Las autoridades deberán definir primero el marco legal y las condiciones bajo las cuales podría aplicarse un eventual acuerdo internacional para el traslado de personas privadas de libertad.