La secretaria general del Consejo Nacional Electoral (CNE), Telma Cristina Martínez, brindó su testimonio ante la Comisión Especial del Congreso Nacional en el marco del juicio político contra el consejero suspendido Marlon Ochoa.
Durante su intervención, Martínez aseguró que al interior del CNE se ha vivido una “persecución desmedida y desproporcionada” por parte de los órganos persecutores del Estado, lo que, según ella, ha afectado gravemente el funcionamiento institucional.
“A lo interno del CNE sufrimos una persecución desmedida y desproporcionada por parte de los órganos persecutores del Estado”, declaró.
La funcionaria explicó que las acciones emprendidas contra el CNE han estado amparadas en facultades legales de persecución de delitos, pero se ejecutaron sin escrúpulos, generando un ambiente de presión constante.
“Encadenaron una cadena de hechos amparados en sus facultades de perseguir delitos y sin escrúpulos, e intervinieron el CNE y se apoderaron del CNE cuando querían un producto”.
“En vez de resolver y adelantar actividades del proceso electoral, tomábamos gran parte de nuestro tiempo en resolver peticiones del Ministerio Público”.
“Eso fue un amedrentamiento que socavó las bases del proceso y ya nadie quería intervenir en el proceso. Eso fue un golpe muy fuerte a la institución”.
Además, señaló que los implicados en el proceso intentaron paralizar el trabajo del órgano electoral y promover discursos de fraude con el fin de debilitar la institucionalidad democrática.
Martínez también reveló que horas antes de su comparecencia fue contactada por el propio consejero Ochoa, aunque la comisión no profundizó en ese aspecto.
Su testimonio se suma a otros presentados en la jornada, donde se expusieron irregularidades y conflictos internos que, según los testigos, comprometen la credibilidad del sistema electoral.
La comparecencia de Martínez marca un punto relevante en la segunda etapa del juicio político, donde se busca determinar responsabilidades y establecer sanciones contra Ochoa y otros magistrados del Tribunal de Justicia Electoral.
El proceso continúa bajo la mirada atenta de la opinión pública, que exige transparencia y firmeza en la defensa de la democracia hondureña.