Los abogados Leonel Núñez y Fernando González interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra el decreto 48-2025 que el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, mandó a publicar en el Diario Oficial La Gaceta cuando ya no era diputado.
“Este decreto publicado en La Gaceta no llenó los requisitos formales que establece para ser aprobado, esto en virtud de que ni los mismos diputados al Congreso se dieron cuenta en qué momento se dio la reunión”, manifestó Núñez.
Asimismo, detalló que Redondo ya no estaba en sus funciones cuando se mandó a publicar, dijo Núñez tomando en cuenta que el Congreso Nacional 2022-2026 finalizó sus funciones el 21 de enero y el decreto 48-2025, que según el expresidente del Congreso Nacional, le da vida a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), como querellante autónomo.
Fue enfático en detallar que esa publicación está plagada de anomalías y que el Ministerio Público debe investigar de oficio en defensa de la Constitución, «se debe investigar a los que firmaron el decreto en el Congreso Nacional e incluso contra los funcionarios de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) que cumplieron una orden ilegal. Hay que ver también si está firmado por la expresidenta Xiomara Castro”.
Por su parte, el abogado González sostuvo que no es que ellos se opongan a que se instale una CICIH en el país, sino que las cosas deben hacerse dentro del marco de la ley.
«Será la Sala de lo Constitucional que va a dirigir esta situación de este decreto que le dio vida de manera ilegal a la CICIH aquí en Honduras», remarcó.