El Congreso Nacional de Honduras recibió la solicitud formal para iniciar un juicio político contra el fiscal general Johel Antonio Zelaya Álvarez, en la que se exponen diversas acusaciones relacionadas con su gestión al frente del Ministerio Público.
Según el documento presentado, se le atribuyen presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, incluyendo actuaciones que irían en contra de la Constitución, así como señalamientos por posible negligencia, falta de capacidad o desempeño inadecuado en el cargo.
La petición también contempla que, una vez admitida la denuncia, el funcionario sea suspendido temporalmente mientras se lleva a cabo la investigación, con el fin de garantizar transparencia y evitar interferencias en el proceso.
Asimismo, se plantea la creación de una comisión especial encargada de analizar los hechos y asegurar que se respete el debido proceso y los derechos del acusado.
El procedimiento establece que, tras concluir la etapa investigativa, el pleno del Congreso deberá tomar una decisión definitiva, que podría derivar en la separación permanente del cargo en caso de comprobarse las acusaciones.