El sector de generación de energía renovable ha planteado nuevas propuestas dentro del debate sobre el futuro del sistema eléctrico hondureño, entre ellas la aplicación de exoneraciones fiscales y arancelarias, además de la creación de un precio mínimo para la energía producida mediante fuentes renovables.
El comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, explicó que algunas de las solicitudes contemplan incluso efectos retroactivos desde 2014.
Advierten sobre impacto en las finanzas públicas
Corrales señaló que cualquier beneficio fiscal debe ser analizado cuidadosamente para determinar cuánto representaría para las finanzas del Estado, especialmente si se pretende aplicar a períodos anteriores.
El funcionario indicó que antes de aprobar este tipo de medidas será necesario establecer si el Gobierno cuenta con la capacidad financiera para asumir el costo de las exoneraciones solicitadas por el sector.
Cuestionan propuesta de precio piso
Otra de las iniciativas planteadas consiste en establecer por ley un precio mínimo para la energía generada a partir de fuentes renovables.
Sin embargo, Corrales manifestó sus reservas ante esta propuesta, al considerar que fijar un valor de antemano podría limitar la competencia entre los generadores y reducir las posibilidades de obtener electricidad a precios más bajos.
“Lo que tiene que definir el precio de la energía es la competencia y no un número en la ley”, afirmó el comisionado.
Desde la CREE consideran que los precios deberían surgir de procesos competitivos, permitiendo que las empresas presenten ofertas y que el sistema pueda beneficiarse de mejores condiciones de contratación.
Las propuestas surgen mientras Honduras analiza reformas estructurales para el sector eléctrico, en medio de problemas relacionados con los costos de generación, las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la necesidad de incorporar nueva capacidad al sistema.
El debate deberá establecer qué incentivos pueden otorgarse al sector renovable sin generar una presión adicional sobre las finanzas públicas y, al mismo tiempo, garantizar que la energía pueda contratarse bajo condiciones competitivas.