La Secretaría de Finanzas ha implementado una política de subsidios destinada a mitigar el impacto del alza en combustibles y energía eléctrica, aunque expertos advierten que estas medidas podrían incentivar el consumo en lugar del ahorro.
Según análisis, en lugar de promover una cultura de disciplina financiera entre los ciudadanos, se están destinando recursos públicos a cubrir parcialmente costos que deberían ajustarse a las condiciones reales del mercado internacional, influenciado por factores como conflictos externos.
Entre los montos asignados destacan más de 536 millones de lempiras para subsidiar combustibles y alrededor de 400 millones para la tarifa eléctrica, lo que representa una fuerte carga para las finanzas del Estado.
Además, el gobierno ha extendido estos apoyos al transporte urbano, asumiendo un aporte aproximado de dos lempiras por pasajero en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba.
Críticos señalan que la falta de una estrategia integral orientada al ahorro y la eficiencia energética podría afectar la sostenibilidad fiscal, ya que estos fondos podrían destinarse a inversión en infraestructura, generación de empleo o desarrollo social.
En ese sentido, se plantea la necesidad de implementar políticas más equilibradas que no solo alivien el gasto inmediato de los hogares, sino que también fomenten el uso responsable de los recursos y fortalezcan la economía a largo plazo.