La Comisionado Nacional de los Derechos Humanos alertó sobre la grave situación que enfrentan quienes defienden los recursos naturales en el país, señalando que los ataques contra ambientalistas no son hechos aislados, sino parte de un problema estructural que se ha mantenido por más de una década.
La asesora Abigail Canales cuestionó las fallas del sistema al señalar que, pese a la existencia de leyes y tratados internacionales, estos no se traducen en una protección real para quienes luchan por los bosques, ríos y territorios.
Según explicó, el principal problema no radica en la falta de normas, sino en la incapacidad del Estado para aplicarlas de forma efectiva. A esto se suma la ausencia de un marco claro que regule la consulta previa, libre e informada en proyectos con impacto ambiental, lo que genera conflictos en las comunidades.
Aunque existen mecanismos como los cabildos abiertos, estos no garantizan una participación transparente ni representativa, lo que provoca decisiones que afectan a amplios sectores sin un verdadero consenso.
La falta de intervención adecuada por parte del Estado, lejos de reducir tensiones, ha contribuido a aumentar los conflictos territoriales, trasladando el problema directamente a las comunidades y exponiendo a los defensores ambientales a situaciones de violencia.
Además, las muertes de estos activistas generan un clima de temor colectivo que limita la denuncia y la organización social, ya que muchas personas temen represalias.
Un informe elaborado por el Conadeh junto a la Asociación para una Sociedad más Justa revela que entre 2015 y 2025 al menos 111 ambientalistas fueron asesinados en Honduras, y que la gran mayoría de estos casos permanece en la impunidad.
Este panorama evidencia los desafíos pendientes en materia de protección ambiental y derechos humanos, en un contexto donde la defensa del territorio continúa siendo una actividad de alto riesgo.