El Tribunal Supremo de Estados Unidos se encuentra evaluando una decisión clave que podría impactar a cientos de miles de migrantes: determinar si el Gobierno del expresidente Donald Trump tiene la facultad legal para cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS).
El caso es considerado histórico, ya que por primera vez la máxima instancia judicial del país revisa una controversia relacionada con este programa migratorio, el cual brinda protección contra la deportación y permite trabajar legalmente a personas provenientes de naciones afectadas por conflictos o desastres.
La disputa surge tras la decisión adoptada durante la administración Trump de poner fin al TPS para aproximadamente 350 mil ciudadanos haitianos y más de 6 mil sirios, argumentando que ya no existían condiciones que justificaran su permanencia bajo este estatus.
Sin embargo, beneficiarios del programa recurrieron a la justicia, logrando que tribunales federales en Washington D. C. y Nueva York fallaran a su favor, al considerar que la medida podría haber incumplido disposiciones legales que regulan el funcionamiento de las agencias gubernamentales.
El fallo que emita la Corte Suprema no solo definirá el futuro de estos grupos, sino que también establecerá un precedente importante para otros beneficiarios del TPS en Estados Unidos.