El 6 de noviembre de 1986, el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan firmó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA), una normativa que permitió regularizar la situación de cerca de tres millones de inmigrantes indocumentados. Cuatro décadas después, sus alcances y limitaciones vuelven a cobrar importancia en medio de las discusiones sobre la política migratoria impulsada por Donald Trump.
La legislación fue concebida para reforzar la seguridad fronteriza, frenar la inmigración irregular y establecer sanciones para los empleadores que contrataran a personas extranjeras sin autorización legal. Sin embargo, también abrió la posibilidad de obtener un estatus migratorio regular a quienes demostraran haber residido continuamente en el país desde antes del 1 de enero de 1982.
Entre los beneficiados figuraron aproximadamente 1,3 millones de trabajadores agrícolas. Esta medida, conocida popularmente como la «amnistía de Reagan», continúa siendo el único programa de regularización de esa magnitud implementado en la historia estadounidense.
Muzaffar Chishti, investigador del Instituto de Política Migratoria (MPI) y participante en las negociaciones y aplicación de la ley, destacó a EFE que su aprobación representó un hecho significativo, especialmente porque ocurrió durante una administración republicana.
El especialista considera que la influencia política de Reagan fue determinante para convencer a integrantes de su propio partido de respaldar una iniciativa de esa naturaleza.
Diferencias entre las políticas migratorias
El aniversario de la IRCA coincide con un escenario político en el que la inmigración volvió a ocupar un lugar central en el debate estadounidense. Tras las elecciones de medio mandato, el Partido Republicano perdió el control del Congreso, en un contexto marcado, entre otros factores, por las críticas a las medidas migratorias del presidente Donald Trump.
Una encuesta a pie de urna realizada por Associated Press el pasado martes reflejó que cerca del 60 % de los votantes considera que las acciones de control migratorio de la actual administración han ido demasiado lejos.
Charles Kamasaki, autor del libro Immigration Reform: The Corpse That Will Not Die, explicó a EFE que las políticas migratorias de Reagan y Trump no responden al mismo enfoque, aunque ambas administraciones pertenecieran al Partido Republicano.
Según el experto, las administraciones anteriores procuraron establecer un sistema que combinara diferentes aspectos de la inmigración, mientras que el Gobierno de Trump ha concentrado sus esfuerzos principalmente en las medidas de control.
Las lecciones que dejó la reforma de 1986
Chishti y Kamasaki, coautores del informe IRCA in Retrospect: Guideposts for Today’s Immigration Reform, consideran que la experiencia de 1986 demuestra que las restricciones fronterizas, las sanciones y los controles laborales no son suficientes para reducir la inmigración irregular si no existen alternativas legales para quienes buscan trabajar y establecerse en Estados Unidos.
Los investigadores también identificaron dificultades que limitaron los resultados de aquella legislación. Entre ellas mencionan problemas en la aplicación de sanciones a los empleadores, obstáculos para comprobar la autorización laboral y demoras en el financiamiento de las medidas de control.
Además, la reforma no logró regularizar a todos los inmigrantes que se encontraban en situación irregular, por lo que cientos de miles quedaron fuera del programa y continuaron sin un estatus legal.
Pese a esas limitaciones, Kamasaki sostiene que uno de los principales aprendizajes de la IRCA es la importancia de negociar y alcanzar acuerdos políticos, incluso cuando las concesiones no satisfacen por completo a todos los sectores involucrados.
El especialista considera que el impacto de una reforma migratoria también debe valorarse por sus efectos a largo plazo, más allá de las diferencias y dificultades que puedan surgir durante su aprobación.