La Comisión Liquidadora del Gobierno remitió al Ministerio Público un informe que detalla presuntas anomalías en el manejo de recursos públicos destinados a cajas rurales de ahorro y crédito, en el que se identifican diferencias financieras y documentos faltantes que deberán ser investigados por las autoridades.
Según el documento, entre abril de 2023 y enero de 2026 se efectuaron ocho transferencias mediante el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), con el propósito de apoyar a 316 cajas rurales distribuidas en diferentes sectores del país.
Los desembolsos alcanzaron los 184.7 millones de lempiras. Sin embargo, durante la revisión se encontró una diferencia de 45.7 millones entre el dinero transferido y las cantidades que aparecen registradas como ejecutadas.
El reporte también menciona que las instituciones involucradas señalaron la existencia de un remanente de 17 millones de lempiras, pero esa cantidad no permite explicar completamente la diferencia detectada, por lo que permanece una parte de los recursos sin aclaración.
Expedientes con documentación incompleta
Entre las observaciones de la Comisión Liquidadora se encuentran expedientes que no cuentan con los respaldos necesarios para comprobar las operaciones financieras.
En algunos casos, el informe señala la ausencia de convenios, pagarés y conciliaciones bancarias, documentos que permitirían verificar cómo fueron utilizados los fondos públicos y cuál fue su destino final.
La comisión considera que estos hallazgos podrían constituir irregularidades administrativas y financieras, por lo que trasladó la información al Ministerio Público para que desarrolle las investigaciones correspondientes.
Ahora corresponderá a los organismos competentes determinar si existen responsabilidades individuales o institucionales en la administración de los recursos.
La Comisión Liquidadora indicó que su trabajo busca identificar posibles afectaciones al patrimonio del Estado y poner los hallazgos en conocimiento de las autoridades encargadas de establecer si hubo responsabilidades legales en el uso del dinero destinado al desarrollo de las comunidades.